¿Qué es el delito ecológico?
El delito ecológico implica una actividad ilegal que no sólo directamente daña el medio ambiente sino que amenaza nuestra vida silvestre, impacta las cadenas de suministro de las compañías, y representa una amenaza para la seguridad y la estabilidad en todo el mundo. Además de los delitos ambientales y el tráfico de vida silvestre, el delito ecológico también incluye el incumplimiento de las regulaciones diseñadas para prevenir daños al medio ambiente.
Los autores de delitos contra el medio ambiente plantean un grave problema para nuestras vidas diarias, nuestro planeta y las generaciones futuras. Las fronteras no limitan los delitos contra el medio ambiente, que abarcan desde el tráfico de marfil y la sobrepesca de especies protegidas, a la tala ilegal y el vertido de residuos peligrosos.
Con frecuencia, se utilizan las mismas rutas para el tráfico de vida silvestre entre países y continentes que para el tráfico de armas, drogas y personas. Ciertamente, los delitos contra el medio ambiente a menudo van de la mano de otros delitos como fraudes relacionados con pasaportes, corrupción, blanqueo de capitales e incluso asesinato.
Al contrario de lo que ocurre con el comercio ilegal de drogas y otras mercancías ilícitas, los recursos naturales son finitos y no pueden reabastecerse en un laboratorio. Por ello, urge combatir los delitos contra el medio ambiente.
Las consecuencias de los delitos ecológicos son de gran alcance y están atrayendo la atención de los organismos de aplicación de la ley, reguladores y, más recientemente, el sector tecnológico. La Unión Europea (UE) ha incluido el delito ambiental como uno de los principales delitos en el marco de la sexta directiva de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales (6AMLD), y las nuevas prioridades del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAF).
Actividades ilegales
Casi el 57% de 400 personas entrevistadas sospechan que las compañías que cotizan en bolsa de “lavado de imagen verde” (greenwashing en inglés) proporcionan credenciales ambientales engañosas y el 65% de los encuestados sabe o sospecha que terceros con los que hace negocios puede haber estado involucrado en una serie de actividades ilegales y perjudiciales para el medio ambiente (En España un 83% lo sabe o sospecha).
Especial mención a la INTERPOL y a Refinitiv por los datos.
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