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Lobby y transparencia: una relación compleja en busca de regulación

La Real Academia de la Lengua Española acepta el término lobby como equivalente a “grupo de presión”. 

El término alude a toda organización de carácter social, económico y de ciudadanos que lleve a cabo acciones para influir en los poderes públicos en defensa de los intereses comunes de sus miembros.

Un lobby puede ser una asociación empresarial, pero también una empresa, un sindicato, una ONG, una asociación de consumidores o una iglesia.

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Internacionales (APRI) lo define como cualquier «actividad profesional» centrada en la defensa de una serie de «intereses legítimos» ante «los distintos ámbitos de la toma de decisiones pública» mientras que la RAE se refiere a estos grupos de presión como «conjuntos de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una organización, esfera o actividad social«.

El caso es que más allá de las definiciones cada vez que se escucha la palabra “lobby” la primera impresión siempre es negativa; de hecho para muchos un ‘lobby’ puede parecer algo no solo negativo, sino ilegal.

La mala fama de los lobbies se puede interpretar como consecuencia de ciertos abusos cometidos por miembros de la profesión, particularmente en Estados Unidos, donde esta actividad es mucho más agresiva que en Europa.

También hay que tener en cuenta a lo largo de estos últimos años, el concepto “lobby” se ha convertido en una palabra más del lenguaje cotidiano actual, sobre todo en los medios de comunicación y en el ámbito político. De esa forma, el termino ha adoptado una posición relevante, no solo económica sino también social. El “lobby” ha ido adquiriendo connotaciones de valor negativo y con el auge de las tecnologías digitales y las redes sociales, este término se ha vuelto más complejo

El lobbysmo, como forma de influir e informar a los gobiernos, ha sido parte de la democracia durante al menos dos siglos y sigue siendo una herramienta legítima para influir en las políticas públicas. Hace parte natural del proceso democrático, cuando se gestiona adecuadamente para garantizar que la influencia se ejerza de manera justa y eficaz en la formulación de políticas, sin embargo, conlleva riesgos de influencia indebida.

Por norma general, los ‘lobbies’ promueven el debate público sobre diferentes aspectos, facilitan información técnica y sectorial a los encargados de las tomas de decisiones y mejoran la interlocución entre los representantes de la sociedad civil y el Gobierno.

Sin embargo, si no se establecen las protecciones adecuadas, los grupos de interés pueden crear ventajas para determinados grupos que conducen a una influencia asimétrica o indebida en la formulación de políticas, lo que a su vez conduce a políticas que son ineficientes, ineficaces o que no sirven al interés público.

Los países que no definen el lobby dejan margen para que quienes tratan de influir en la formulación de políticas interpreten erróneamente sus obligaciones o exploten vacíos en las reglamentaciones

Sólo una minoría de países a nivel mundial ha abordado los riesgos del lobby en su gobernanza a través de marcos de transparencia e integridad.

Según el último informe publicado por la OCDE  nuestro país tiene mucho trabajo por delante:

*Es uno de los cinco Estados de OCDE la que no ha definido una estrategia anticorrupción nacional ni dispone de un organismo institucional responsable de mitigar este riesgo en el sector público

*Está entre la mayoría de estados (21 de 38) que no han establecido definiciones claras en su reglamentación sobre los grupos de presión y cabildeo, algo que se considera como un principio de base para luego fijar otras normas que eviten una influencia indebida y asimétrica.

*Figura en el grupo de 15 que no tienen registros de grupos de presión o no son accesibles al público, lo que constituye un obstáculo a la transparencia sobre quiénes intervienen en la elaboración de la acción pública.

Sobre este último punto hay que resaltar que pese a la falta de regulación estatal, hay comunidades autónomas como  Madrid, Castilla-La Mancha o Cataluña, que tienen un registro de grupo de presión o lobbies donde los ciudadanos pueden consultar quiénes pueden influir directa o indirectamente en la elaboración de normas y de políticas públicas. También la CNMC tiene Registro de Grupos de Interés https://rgi.cnmc.es/

A nivel Europeo contamos con el Registro de Transparencia de la Unión Europea que pasó a ser obligatorio en 2021.

Los déficits de la regulación del lobby generan un agujero de opacidad y descontrol que deja margen para que quienes tratan de influir en la formulación de políticas interpreten erróneamente sus obligaciones o exploten vacíos en las reglamentaciones

Ciertamente la legislación española, por su ausencia o fraccionamiento y limitaciones, no contribuye a que España mejore en los tres vectores fundamentales que suelen medirse para determinar la «calidad» de la regulación y de la realidad práctica de un país en materia de lobbies: transparencia, integridad e igualdad de acceso.

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