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La ley alemana de cadena de suministro

La globalización ha llevado a una complejidad creciente en las cadenas de suministro, con empresas que dependen de proveedores en todo el mundo. Sin embargo, esta expansión también ha traído consigo prácticas laborales y medioambientales cuestionables en algunos casos.

A inicios de 2023 entró en vigor la Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) o Ley alemana sobre la diligencia debida corporativa en las cadenas de suministros con el propósito de reforzar el respeto de los derechos humanos y de los estándares ambientales dentro de las cadenas de suministro. Siendo más concretos, se buscaba combatir cualquier tipo de practica relacionada con el trabajo infantil, jornadas laborales abusivas, esclavitud, contaminación en aguas residuales y ríos, privación ilegal de tierras, remuneración inadecuada, trato desigual o discriminación de empleados, exportación de desechos peligrosos, entre otras.

Si bien la legislación se aplica principalmente a empresas con sede en Alemania, también puede tener implicaciones para las empresas extranjeras que operan en el país, con independencia de su forma jurídica. En otras palabras, se trata de una ley extraterritorial.

Las empresas extranjeras que operan en Alemania pasaron a estar sujetas a las mismas exigencias de cumplimiento que las empresas alemanas. Esto implica realizar debidas diligencias en sus cadenas de suministro para identificar y abordar riesgos relacionados con los derechos humanos, el trabajo justo y el impacto ambiental. Es decir, cada empresa ha de realizar anualmente un análisis de riesgos sobre su actividad, así como la de sus filiales, la actividad de sus proveedores y socios comerciales directos. Estos análisis de riesgos van de la mano con el cumplimiento de requisitos de transparencia establecidos por la ley. Esto podría suponer la presentación de informes detallados de sus prácticas de cadena de suministro, haciendo que la reputación de la empresa se vea afectada en caso de mala praxis. A su vez, dichos análisis de riesgos ha de ser comunicados a los responsables directos de la empresa a fin de que tomen las medidas pertinentes.

En este sentido, el incumplimiento de estas directrices está sujeto a sanciones, bien sea multas u otras medidas punitivas.

Por esta razón esta ley orilló a las empresas vigilar más cerca a sus proveedores y entidades asociadas implementando la debida diligencia ambiental y de derechos humanos a fin de demostrar que su actividad comercial no supone una violación a los derechos humanos o algún tipo de riesgo medioambiental.

En primera instancia, esta medida aplicaba para empresas alemanas con un mínimo de 3,000 empleados. A partir de enero de 2024 esta cifra se reduce y la normativa aplica también para empresas con un mínimo de mil empleados.

Aunque no aplica para proveedores extranjeros de forma directa, si estos son o desean ser partes contratantes de empresas alemanas han de someterse a esta solicitud de transparencia. En España el cumplimiento de esta ley es monitoreada por el Ministerio de Economía y en el Plan Anual Normativo de 2022 también se incluyó la elaboración de una norma similar a nivel nacional.

Estas nuevas normativas hacen que aquellas empresas incumplidoras reciban sanciones públicas y multas que pueden ascender al 2% de la facturación de la empresa.

La Ley Alemana de Cadena de Suministros representa un paso firme hacia la responsabilidad corporativa global. Al requerir que las empresas examinen de cerca sus cadenas de suministro y promover la transparencia, Alemania está liderando el camino hacia un modelo de negocio más ético y sostenible. El impacto de esta legislación podría sentar las bases para estándares internacionales más rigurosos en el futuro.

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