Propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD)
El 23 de febrero de 2022 la Comisión Europea presentó la propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence)
El mundo se enfrenta a una serie creciente de retos ambientales y sociales, por eso, es más importante que nunca que las empresas adopten un enfoque proactivo y responsable con la sostenibilidad climática.
La Directiva Europea sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de sostenibilidad, (conocida como CSDDD, por sus siglas en inglés) es una regulación fundamental para garantizar que las empresas apliquen modelos de gestión adecuados para reducir los impactos ambientales y sociales que genera su actividad y respondan de manera efectiva ante casos de incumplimiento.
La Directiva exige que determinadas empresas –europeas y de terceros países– establezcan procesos de identificación, prevención y remediación de impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente, que puedan ser provocados por la propia empresa, sus filiales y por entidades que formen parte de su cadena de valor.
La propuesta exige a las empresas de la UE que auditen a sus proveedores a lo largo de toda la cadena de suministro global, incluyendo todas las relaciones comerciales con terceros, tanto directas como indirectas.
Esta directiva afectará a todas las empresas europeas, así como las organizaciones de otros países que operan en la UE con 500 empleados o más y con un volumen de negocios neto de al menos 150 millones de euros.
Se espera que las negociaciones en curso para adoptar la Directiva por el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea concluyan en un acuerdo antes del final de la Presidencia Española del Consejo (31 de diciembre de 2023). A partir de su publicación oficial, se iniciaría un plazo de dos años para su trasposición a los ordenamientos jurídicos nacionales, lo cual supondrá su entrada en vigor.
Según el World Benhmarking Allaince el 76% de las 1000 empresas líderes mundiales no son transparentes sobre los procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos realizados sobre su actividad y según un análisis reciente de Moody‘s y CSR Europe, las controversias sociales representan el 67% de todas las controversias a las que se enfrentan las empresas en todo el mundo.
¡Es evidente que el tema es prioritario!
España tiene un papel clave que desempeñar durante su turno de Presidencia en el Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023 para promover e impulsar la adopción de una Directiva que sea completa, adecuada y coherente con otras políticas y legislaciones europeas en esta materia.
En España somos líderes europeos en diferentes sectores como la ganadería, la agricultura, la pesca, y el textil, sectores que pueden tener importantes impactos ambientales y sociales.
Se espera que las negociaciones en curso para adoptar la Directiva entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea (triálogos) concluyan en un acuerdo político antes del final de la Presidencia Española del Consejo (31 de diciembre de 2023). A partir de su publicación oficial, se iniciaría un plazo de dos años para su trasposición a los ordenamientos jurídicos nacionales, lo cual supondrá su entrada en vigor. Mientras esperamos avances en ese sentido, la OCDE ha publicado una Guía sobre la Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, una herramienta muy útil para brindar apoyo práctico a las empresas en la implementación de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, a través de la explicación, en un lenguaje sencillo y asequible para todos los públicos, de sus recomendaciones en materia de debida diligencia, así como unas disposiciones asociadas para marcar unas directrices en este campo.
